Nueva Comuna: enero 2008

IBARRA PROMOVERA PROYECTO DE LEY PARA DAR MARCHA ATRAS A AUMENTO POR MORA

BUENOS AIRES, ene 24 (DyN) - El ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra anunció que presentará un proyecto en la Legislatura para que se dé marcha atrás a la fuerte suba de patente automotor para quienes se encontraban en mora.
"Se tienen que dar cuenta de que se equivocaron. Si lo corrigen, lo vamos a aplaudir", precisó Ibarra, quien convocó a los legisladores de todos los partidos, incluídos los macristas, para que se sumen a su propuesta.

En ese sentido, dijo a radio Diez que "apelo también a varios legisladores del macrismo que den marcha atrás, y si no quedará el recurso de amparo ante la Justicia".
Insistió en que el fuerte aumento de patentes para los morosos "es una trampa impositiva, debieran tener un poquito más de respeto por el contribuyente. Si van a aplicar a aquel que debe una patente, avísenle y entonces no se come el 150 por ciento de aumento".
Ibarra consideró que el aumento se cristalizó "sin decir agua va, sin dar a publicidad. Voy a presentar un proyecto para que se dé marcha atrás", remarcó el edil.

Por Alfredo Zaiat [Página 12 del 21/01/2008]

La medida de despedir 2400 trabajadores de la ciudad de Buenos Aires sin saber a quién se dejaba en la calle no hubiera sido posible en otro contexto económico. La reducción masiva del plantel de empleados de empresas estatales y el ajuste de la plantilla en el sector privado durante la década del noventa pudieron realizarse por la confluencia de dos factores: la complicidad de la conducción sindical y el disciplinamiento social que derivaba del miedo a la hiperinflación. Recién cuando el modelo de la convertibilidad mostró su peor rostro en caída del salario real, elevada desocupación y creciente exclusión social se empezaron a generar corrientes visibles de resistencia a la política de ajustar por el lado del empleo. Esa tensión se hizo manifiesta a partir de la extensa recesión que se disparó a mediados de 1998, ocupando la problemática laboral el primer lugar en el ranking de preocupaciones de la sociedad. En ese período, cualquier intento de achicamiento de personal provocaba furia y a su ejecutor se lo señalaba con dureza por su nula sensibilidad social. Evidentemente, algo cambió en los últimos años para que exista cierta aceptación o indiferencia a una iniciativa improvisada y, por lo tanto, irresponsable de cesantear a centenares de trabajadores.

El poder político no avanza si no ha evaluado previamente que gran parte de la sociedad urbana y grandes medios no expondrán resistencia o manifestación de indignación por dejar a un grupo considerable de familias sin ingresos mensuales. La restauración del pensamiento conservador en la ciudad de Buenos Aires tiene su base en la veloz recuperación económica que provocó cierta normalización del mercado laboral. Esa situación de mejora del salario y de la cantidad de empleo –no en su calidad– permite entender en parte la anestesia social por el despido de trabajadores, contratados y, por lo tanto, los más desprotegidos.

Los arraigados prejuicios sobre la composición social y cantidad de empleados públicos tienen su historia. Los gobiernos radicales de las primeras décadas del siglo pasado tuvieron entre sus rasgos centrales la incorporación de nuevos grupos al escenario social. La transformación de la trama burocrática del Estado en ese período estuvo en correspondencia con la base social del gobierno. La distribución de empleos públicos que benefició sobre todo a los sectores medios fue criticada porque consolidaba la clientela política partidaria a través de lo que se denominó en esa época populismo fiscal. Desde entonces, en cada una de los períodos de restauración conservadora, luego del derrocamiento de Yrigoyen, la destitución de Perón, la caída de Illia, con el golpe del ‘76 y el menemismo, la reducción del empleo público fue levantada como bandera de una política de austeridad. La reducción del plantel y el castigo a los salarios han sido los ejes centrales de esa estrategia. En esa política no está en debate la eficiencia del Estado, que es una asignatura pendiente con los actuales empleados públicos, sino su propia función. En todo caso, lo que se define es al servicio de qué sectores económicos se pone el Estado.

En ese contexto, resulta más despejado el horizonte para evaluar lo que, en primera instancia, se trata de una medida progresista y largamente demorada como el aumento de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza. Al margen de que los principales protagonistas del actual gobierno de la ciudad habían asegurado en campaña que no iban a aumentar los impuestos, y apenas asumieron mandaron al archivo esa promesa, los ajustes de AByL no discriminan por vivienda de la misma zona. Además de que ha habido algunos errores en función del aumento informado para cada área en que se dividió la ciudad y el que efectivamente se aplicó en la boleta, no constituye un criterio de justicia que una casa modesta de propiedad horizontal en el barrio de Palermo, por ejemplo, haya recibido el mismo ajuste que otra unidad vecina moderna. Esa tarea de discriminación por vivienda estaba al alcance de la mano para ser realizada, pero requería de tiempo y sutileza en la gestión. Y lo que se necesitaba ahora era acercar fondos rápidos al Tesoro porteño. Aquí es donde se revela que el incremento de AByL fue un desesperado intento por hacer “caja” más que un objetivo de empezar a estructurar una distribución progresiva de las cargas fiscales entre los contribuyentes.

A la vez, el avance contra las manifestaciones de organizaciones que fueron piqueteras responde también a la misma lógica que motivó el despido de trabajadores contratados. Prejuicios e ignorancia sobre el actual estado de esos movimientos sociales. Los cortes de calles en un tránsito que se ha vuelto caótico generan innumerables molestias y una profunda irritación. Pero, en los últimos meses, muchos de esos cortes fueron espontáneos por parte de vecinos indignados, ya sea por la construcción de torres sin límites, por el corte de luz o por la falta de agua. O por sindicatos organizados, como el de la construcción (Uocra).

Pero toda restauración conservadora no es completa, tal como lo muestra la historia, si no incluye el endeudamiento público. El objetivo de la actual gestión es emitir bonos por 1600 millones de pesos, monto que hoy se presenta ambicioso teniendo en cuenta el actual escenario financiero internacional. Aunque la mayor o menor dificultad para conseguir ese dinero dependerá de la tasa de interés que el gobierno porteño esté dispuesto a pagar. Siempre aparecerá un banquero que entregará fondos a tasas elevadas, que le permitirá así aplicar la abultada liquidez que posee en su caja por su poca voluntad en asistir al sector productivo privado. Se trata del negocio que tanto extrañan las entidades financieras del mercado doméstico: prestar al Estado. Como en otras circunstancias similares, el argumento elegido para volver a ese vicio es que el nivel (ratio) de endeudamiento es bajo en el presupuesto. Con los antecedentes traumáticos pasados, ya se sabe cómo se termina cuando un adicto en proceso de recuperación vuelve a tomar un sorbo de bebida alcohólica.

Esta ha sido una de las herencias, entre otras, que siempre han dejado las diferentes experiencias de restauración conservadora.