Por Lucas Carrasco
La clase media rural, aliada a la oligarquía, pretende en treinta días retomar el paro de camiones para generar desabastecimiento e inflación extorsionando al gobierno por más subsidios a su subsidiada producción. La promesa es abierta, y el nuevo empresario fashion, el arrendatario Alfredo De Angelis lo anuncia, gustoso, ante cada micrófono y cámara televisiva gustosa. Dejando de lado los anteriores lock out a Néstor Kirchner, para encontrar antecedentes de sojeros en paro de camiones con alimentos de consumo popular, hay que remontarse al gobierno de Isabel perón, cuando la Federación Agraria junto a otras entidades empresariales como CARBAP y la Sociedad Rural, clamaban por un golpe de estado.
En general, los empresarios rentísticos de materias primas de la zona más rica del país, no han tenido buena relación con los gobiernos que modificaron la distribución regresiva de los ingresos. En esos períodos, las mayorías populares lograron aprobar leyes para reglamentar a favor del más debíl las huelgas obreras y trabajadoras y a la vez reglamentar los lock out patronales en su justa medida. La Ley de Desabastecimiento, la Ley Contra el Agio y la Especulación, surgen de períodos donde la oligarquía reaccionó violentamente al intento estatal de apropiarse de rentas extraordinarias. En todos los casos, las clases medias rurales – como en general las urbanas- se aliaron a los sectores burgueses y oligarcas, ante el temor de la negrada que les pisa los talones. Aquietadas las aguas, burgueses y oligarcas, como corresponde a su condición, se desprendieron del lastre de las clases medias.
Si por primera vez en demasiados años el estado toca las ganancias extraordinarias, aún con la vuelta atrás de algunas medidas que buscaban impedir la sojización, la reacción de los que el Grupo Clarín llama “el campo” muestra cómo las clases dominantes no están dispuestas a ceder nada, y están alertas y movilizadas. La patética figura de De Angelis al frente de una protesta por las ganancias del concentrado mercado exportador (una especia de Grito de Alcorta al revés, que podría denominarse Silencio de Alcorta) que les traslada a ellos los precios, muestra que hay por parte de los sectores populares un triunfo en torno a la legitimidad de la distribución del ingreso, por cuanto el reclamo se ampara y pone en el centro a los pequeños y medianos empresarios del campo.
Pero también revela las falencias políticas del gobierno nacional, ya que no supo generar la movilización de peones, trabajadores y clases medias rurales no dedicadas a la soja, para frenar el paro de camiones. Si la historia nacional enseña que este es el modo salvaje de reaccionar de las clases altas cuando les tocan las rentas extraordinarias, si la historia enseña que las armas de la reacción son el desabastecimiento y la inflación, se debieron preveer mecanismo de resitencia popular. Por el contrario, la compartida lectura de que un cierre en el justicialismo moderaría las pretensiones de radicalización de la izquierda kirchnerista, junto a un alza muy fuerte de los precios de los alimentos populares tras las elecciones presidenciales, operaron para que, en los primeros días del paro de camiones y el cacerololazo televisivo, el gobierno se mostrara desconcertado. La rápida convocatoria a la movilización por el dispositivo kirchnerista en Buenos Aires envió desde la Casa rosada una señal clara, pero ahora, es el momento de enviar una señal más sólida: si no bajan los precios de los alimentos, sino se distribuye hacia los sectores más pobres –sobretodo a los oprimidos por los protagonistas del paro de camiones- entonces, podrán volver la FAA y la Sociedad Rural y Coninagro a intentar desabastecer, pero en algún momento se unirán al conjunto del capital y torcerán el rumbo. Que el capital esté ganando y viviendo una fiesta obscena no es para tranquilizarse: ahí están, los que la juntan con pala y trilladora, revisando camiones para ver si llevan alimentos, “total no tenemos nada que perder”.
En general, los empresarios rentísticos de materias primas de la zona más rica del país, no han tenido buena relación con los gobiernos que modificaron la distribución regresiva de los ingresos. En esos períodos, las mayorías populares lograron aprobar leyes para reglamentar a favor del más debíl las huelgas obreras y trabajadoras y a la vez reglamentar los lock out patronales en su justa medida. La Ley de Desabastecimiento, la Ley Contra el Agio y la Especulación, surgen de períodos donde la oligarquía reaccionó violentamente al intento estatal de apropiarse de rentas extraordinarias. En todos los casos, las clases medias rurales – como en general las urbanas- se aliaron a los sectores burgueses y oligarcas, ante el temor de la negrada que les pisa los talones. Aquietadas las aguas, burgueses y oligarcas, como corresponde a su condición, se desprendieron del lastre de las clases medias.
Si por primera vez en demasiados años el estado toca las ganancias extraordinarias, aún con la vuelta atrás de algunas medidas que buscaban impedir la sojización, la reacción de los que el Grupo Clarín llama “el campo” muestra cómo las clases dominantes no están dispuestas a ceder nada, y están alertas y movilizadas. La patética figura de De Angelis al frente de una protesta por las ganancias del concentrado mercado exportador (una especia de Grito de Alcorta al revés, que podría denominarse Silencio de Alcorta) que les traslada a ellos los precios, muestra que hay por parte de los sectores populares un triunfo en torno a la legitimidad de la distribución del ingreso, por cuanto el reclamo se ampara y pone en el centro a los pequeños y medianos empresarios del campo.
Pero también revela las falencias políticas del gobierno nacional, ya que no supo generar la movilización de peones, trabajadores y clases medias rurales no dedicadas a la soja, para frenar el paro de camiones. Si la historia nacional enseña que este es el modo salvaje de reaccionar de las clases altas cuando les tocan las rentas extraordinarias, si la historia enseña que las armas de la reacción son el desabastecimiento y la inflación, se debieron preveer mecanismo de resitencia popular. Por el contrario, la compartida lectura de que un cierre en el justicialismo moderaría las pretensiones de radicalización de la izquierda kirchnerista, junto a un alza muy fuerte de los precios de los alimentos populares tras las elecciones presidenciales, operaron para que, en los primeros días del paro de camiones y el cacerololazo televisivo, el gobierno se mostrara desconcertado. La rápida convocatoria a la movilización por el dispositivo kirchnerista en Buenos Aires envió desde la Casa rosada una señal clara, pero ahora, es el momento de enviar una señal más sólida: si no bajan los precios de los alimentos, sino se distribuye hacia los sectores más pobres –sobretodo a los oprimidos por los protagonistas del paro de camiones- entonces, podrán volver la FAA y la Sociedad Rural y Coninagro a intentar desabastecer, pero en algún momento se unirán al conjunto del capital y torcerán el rumbo. Que el capital esté ganando y viviendo una fiesta obscena no es para tranquilizarse: ahí están, los que la juntan con pala y trilladora, revisando camiones para ver si llevan alimentos, “total no tenemos nada que perder”.
[Vínculo]
