Después de los acontecimientos de los últimos días queremos expresar nuestra opinión en una disputa política como la planteada entre el gobierno y los empresarios del campo, que aún mantiene un resultado incierto, nos vemos obligados éticamente a sentar posición hoy.
Lo hacemos desde nuestro lugar. Un espacio que siempre definimos como progresista, autónomo, crítico pero no opositor al gobierno nacional. Opinamos sin obligación pero con la única convicción de ser honestos con nuestros principios y sin voluntad de ningún tipo de especulación.
Creemos que en este conflicto se condensan valores imprescindibles para la construcción de una sociedad más igualitaria. Siempre dijimos que después de la aniquilación de facultades y capacidades que significaron los años ´90 para el Estado, éste debería recuperar poder de intervención y regulación. Siempre defendimos un esquema tributario más justo, donde los que más tienen más paguen. Siempre luchamos por una mejor distribución de la riqueza. Siempre nos preocupó la descontrolada expansión de la soja, desplazando a otros cultivos (maíz, trigo, girasol, etc.) que sí presionan sobre los precios internos generando inflación y tendiendo al monocultivo sojero.
Estamos de acuerdo con la suba de las retenciones y que éstas sean móviles, porque creemos que esta medida está en función de lo dicho en el párrafo precedente. Atendiendo la gran concentración y monopolización que vivió el campo en los últimos años, los impuestos a las exportaciones son, si bien imperfectos, medidas absolutamente racionales. Sobre todo considerando que estos impuestos recaen sobre un puñado de grandes empresas exportadoras.
No somos necios y entendemos que solo con retenciones no alcanza y que hay diferente clase de productores agropecuarios. Que son necesarias políticas con incentivos diferenciados para los pequeños y medianos productores. También entendemos que lo que debaten y cuestionan los grandes grupos económicos es la facultad del Estado en la regulación económica. La Sociedad Rural Argentina añora los tiempos del evangelio de los mercados, únicos decisores sobre política económica o cuando de sus filas se sucedían ministros de economía como Martínez de Hoz. Hoy los productores realizan un lock-out (No es un paro, sino un lockout. La diferencia no es semántica. Los que paran son los trabajadores asalariados) porque creen que sólo ellos aportan al crecimiento económico. Tienen muy mala memoria.
Cuando en el año 2002 se pesificó y devaluó, todos los argentinos pagamos, con un altísimo costo en desempleo, pobreza e indigencia, medidas que favorecieron a los agroexportadores. Sus deudas e hipotecas en dólares se pesificaron pero sus ingresos crecieron exponencialmente con la devaluación y un dólar a 3 pesos. De ese enorme costo que pagaron sobre todo los trabajadores asalariados parecen no acordarse.
Tampoco quieren recordar cuánto valían sus propiedades durante la convertibilidad. Hoy los precios de las mismas crecieron, también en dólares, hasta cuatro veces sobre el precio original. Nos parece deshonesto victimizarse cuando son los grandes ganadores del actual modelo. Nos parece una extorsión desabastecer de productos alimentarios y tomar de rehenes a los argentinos. Nos parece una irresponsabilidad la agitación que realizan los medios de comunicación y dirigentes de la oposición con el solo objeto de hacerle pagar al Gobierno un cierto costo político. Nos parece que el Gobierno Nacional debería tomar nota del descontento de algunos sectores expresado con el cacerolazo pero no creemos que por provenir de las clases medias sean más legítimos que las manifestaciones realizadas por otros sectores.
En un sistema democrático todos tienen derecho a manifestar descontento y tener la seguridad de no ser reprimidos si realizan un piquete, sean ambientalistas, desocupados o propietarios y empresarios del campo, pero nadie, ni el gobierno, la oposición o los medios tienen el "legitímetro" para dictar sentencia. Aún hay espacio para el diálogo y los acuerdos. El sentido común barato cree que es negativo negociar, también a veces interviene la soberbia, que obviamente es muy mala consejera.
El diálogo y los acuerdos deben estar motivados en garantizar el acceso a los productos básicos a precios accesibles para toda la población y garantizar el abastecimiento del mercado interno, es decir el levantamiento del lock-out. También es necesario separar a la "paja del trigo" en la discusión con los sectores del campo, tendiendo una mano a los pequeños productores y sosteniendo una posición firme e intransigente con los grandes, porque no siempre deben ganar los mismos.
Lo hacemos desde nuestro lugar. Un espacio que siempre definimos como progresista, autónomo, crítico pero no opositor al gobierno nacional. Opinamos sin obligación pero con la única convicción de ser honestos con nuestros principios y sin voluntad de ningún tipo de especulación.
Creemos que en este conflicto se condensan valores imprescindibles para la construcción de una sociedad más igualitaria. Siempre dijimos que después de la aniquilación de facultades y capacidades que significaron los años ´90 para el Estado, éste debería recuperar poder de intervención y regulación. Siempre defendimos un esquema tributario más justo, donde los que más tienen más paguen. Siempre luchamos por una mejor distribución de la riqueza. Siempre nos preocupó la descontrolada expansión de la soja, desplazando a otros cultivos (maíz, trigo, girasol, etc.) que sí presionan sobre los precios internos generando inflación y tendiendo al monocultivo sojero.
Estamos de acuerdo con la suba de las retenciones y que éstas sean móviles, porque creemos que esta medida está en función de lo dicho en el párrafo precedente. Atendiendo la gran concentración y monopolización que vivió el campo en los últimos años, los impuestos a las exportaciones son, si bien imperfectos, medidas absolutamente racionales. Sobre todo considerando que estos impuestos recaen sobre un puñado de grandes empresas exportadoras.
No somos necios y entendemos que solo con retenciones no alcanza y que hay diferente clase de productores agropecuarios. Que son necesarias políticas con incentivos diferenciados para los pequeños y medianos productores. También entendemos que lo que debaten y cuestionan los grandes grupos económicos es la facultad del Estado en la regulación económica. La Sociedad Rural Argentina añora los tiempos del evangelio de los mercados, únicos decisores sobre política económica o cuando de sus filas se sucedían ministros de economía como Martínez de Hoz. Hoy los productores realizan un lock-out (No es un paro, sino un lockout. La diferencia no es semántica. Los que paran son los trabajadores asalariados) porque creen que sólo ellos aportan al crecimiento económico. Tienen muy mala memoria.Cuando en el año 2002 se pesificó y devaluó, todos los argentinos pagamos, con un altísimo costo en desempleo, pobreza e indigencia, medidas que favorecieron a los agroexportadores. Sus deudas e hipotecas en dólares se pesificaron pero sus ingresos crecieron exponencialmente con la devaluación y un dólar a 3 pesos. De ese enorme costo que pagaron sobre todo los trabajadores asalariados parecen no acordarse.
Tampoco quieren recordar cuánto valían sus propiedades durante la convertibilidad. Hoy los precios de las mismas crecieron, también en dólares, hasta cuatro veces sobre el precio original. Nos parece deshonesto victimizarse cuando son los grandes ganadores del actual modelo. Nos parece una extorsión desabastecer de productos alimentarios y tomar de rehenes a los argentinos. Nos parece una irresponsabilidad la agitación que realizan los medios de comunicación y dirigentes de la oposición con el solo objeto de hacerle pagar al Gobierno un cierto costo político. Nos parece que el Gobierno Nacional debería tomar nota del descontento de algunos sectores expresado con el cacerolazo pero no creemos que por provenir de las clases medias sean más legítimos que las manifestaciones realizadas por otros sectores.
En un sistema democrático todos tienen derecho a manifestar descontento y tener la seguridad de no ser reprimidos si realizan un piquete, sean ambientalistas, desocupados o propietarios y empresarios del campo, pero nadie, ni el gobierno, la oposición o los medios tienen el "legitímetro" para dictar sentencia. Aún hay espacio para el diálogo y los acuerdos. El sentido común barato cree que es negativo negociar, también a veces interviene la soberbia, que obviamente es muy mala consejera.
El diálogo y los acuerdos deben estar motivados en garantizar el acceso a los productos básicos a precios accesibles para toda la población y garantizar el abastecimiento del mercado interno, es decir el levantamiento del lock-out. También es necesario separar a la "paja del trigo" en la discusión con los sectores del campo, tendiendo una mano a los pequeños productores y sosteniendo una posición firme e intransigente con los grandes, porque no siempre deben ganar los mismos.
